Hipótesis: la reforma procesal penal se aplicó demasiado rápido en el país, siendo que las condiciones en infraestructura y en capacitación no son adecuadas todavía. Además, el nuevo sistema no garantiza en un 100% el éxito prometido.

Reforma Procesal Penal:

No todos gritan de júbilo

El nuevo sistema debutó con bombos y platillos el pasado 16 de junio. Sin embargo, varios abogados y juristas han señalado que la nueva reestructuración a la justicia chilena también tiene un lado oscuro, ya que no todo lo que brilla siempre es oro.

La Reforma Procesal Penal por fin llegó a la Región Metropolitana. Ricardo Lagos puede terminar su periodo presidencial contento, ya que cumplió con lo prometido: una de las más importantes reestructuraciones a la justicia chilena. Sin embargo, persisten las críticas, debido a que algunos sectores consideran que la maniobra del Gobierno fue un poco apresurada. En el Centro de Justicia de Santiago, a pesar de haber sido inaugurado hace unos días, todavía continúan sus obras. Además, muchos consideran que tanto a la capital como al resto de las regiones les faltan infraestructura. Hay pocos laboratorios de criminalística, del Servicio Médico Legal, del Instituto de Salud Pública, lo que demorará más allá de lo necesario algunas investigaciones.
El mismo Secretario Regional Ministerial de Justicia de la Región Metropolitana, Rodrigo Albornoz, reconoce que todavía persisten “algunas deficiencias” relativas a la falta de infraestructura y capacitación de recursos humanos. El abogado señala que se requiere un mayor equipamiento técnico tanto al interior de Carabineros como de Investigaciones, con el fin de agilizar las indagaciones impuestas por los fiscales. “La Reforma Procesal permitirá una mayor transparencia, ya que actuarios y gendarmes, catalogados como focos de corrupción, quedarán fuera de los procesos judiciales. Ahora, tanto víctimas como imputados pueden relacionarse directamente con el juez”.
El profesional asegura que la rápida implementación de la Reforma Procesal en la Región Metropolitana no se debió a una “maniobra populista” y que los problemas de infraestructura van a ser solucionados en el corto plazo.
Las opiniones de Albornoz contrastan con las del Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena, quien se sumó a la moción manifestada por la Defensoría Penal Pública en cuanto a que el número de fiscales y defensores no dará abasto para sustentar el sistema, debido a que en la capital se registra el 50% del total de las causas. Piedrabuena señaló en varios medios informativos que el “colapso era inminente”, el que debería evidenciarse en el segundo año de reforma. Para ello, indicó que era necesario destinar más recursos de parte del Gobierno y revisar los primeros estudios sobre la Reforma Procesal Penal en Santiago, los que deberían estar listos en los próximos meses.
Piedrabuena agregó que este “colapso” iba a suceder porque la gente, al saber que los procesos serán más ágiles, se atreverán a entablar más denuncias, lo que aumentará los casos anuales. Sin embargo, advirtió que la reforma no va a disminuir la delincuencia, pero si será una señal de rapidez y eficacia en la persecución criminal.

Más críticas

Cecilia Yasin, egresada en derecho de la Universidad Central, considera que la implementación de la Reforma Procesal fue pésima, porque se trató de una improvisación. “No puede ser que inauguren un edificio (El Centro de Justicia de Santiago) que todavía está en construcción. Además, creo que la reforma coartará la capacidad de la policía, debido a que como se garantiza a los imputados, será difícil obtener información”.
Yasin señala que el gran problema está en los fiscales, ya que estos sólo se arriesgaran por aquellos casos que involucren pruebas suficientes para que el juez de garantía pueda dictar condena. “Hoy los fiscales, desde la perspectiva administrativa, obtendrán un bono por las causas terminadas. Esto los alentará a jugársela por casos donde existan pruebas reales, ya que el éxito implica un dinero extra”.
La universitaria, quien prepara su tesis, puntualiza que otro de los problemas de la reforma es que beneficia a los más poderosos, aspecto evidenciado hace unos días con el caso Lavandero. “El senador es una de las pocas personas que pueden darse el lujo de pagar $150 millones de pesos. Creo que la reforma salvará a los más adinerados. No olvidemos la estupidez que dijo la jueza Giorgina Gutiérrez. Ella señalo que las cárceles no están acondicionadas para la rehabilitación. Al decir eso nadie podría ingresar a un recinto penitenciario, entonces, ¿por qué Lavandero puede ser el único que tenga aquel privilegio?. Considero que la reforma se debería haber realizado en forma paulatina, no sólo en la Región Metropolitana, sino que también en las otras regiones del país”.
Un poco más positiva es la opinión del abogado Pedro Pablo Parodi, quien participó en la Corporación Nacional de Reparación y Justicia, al indicar que la reforma traerá consigo más transparencia al procedimiento judicial chileno. “El sistema previo era un fracaso, debido a que era poco transparente. Todo muy oculto. Es normal que se produzcan errores al principio, sobre todo en la marcha blanca. Creo que está empezando bien. Los problemas los adjudico más al desconocimiento de determinadas personas a las que hay que capacitar. La solución está en aumentar la fuerza policíaca, o sea, que se evitén problemas como los de la Provincia Cordillera, donde hay un policía por cada 1.800 personas. Ahí está la dificultad. Lo demás son críticas majaderas a un sistema al que apenas le han dado la oportunidad de demostrar lo que puede llegar hacer por el país”.

La prensa amordazada

Albornoz señala que una de las máximas “gracias” de la Reforma Procesal está en que los medios de comunicación no conferirán, en forma arbitraria, la calidad de delincuentes a los procesados. El abogado explica que se creó una “garantía de publicidad”, la que prohíbe sacarle fotografías al sujeto que se investiga. Al igual que el público, los periodistas pueden asistir a los juicios orales. Sin embargo, deben tener cuidado en revelar la identidad de la víctima y no podrán calificar, previo al término del proceso, grados de culpabilidad a algún imputado.
Albornoz indica que el origen de la medida está en que la persona que enfrenta un proceso judicial en su contra se presume inocente hasta cuando el tribunal determine lo contrario. Según el jurista, está restricción evitará equivocaciones por parte de la prensa. “Siempre pasa que la prensa deja muy mal parada a gente que no tenía nada que ver en un proceso. El peligro estaba en que aunque se determinara que un sujeto era inocente, igual quedaba mal visto por la opinión pública, ya que el medio, televisivo o escrito, lo injuriaba. Eso se va a acabar”.